Hace once años, en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el futuro de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, fue brutalmente secuestrado. Su historia no es un simple archivo criminal; es el retrato de un Estado fracturado.La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el futuro de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, fue brutalmente arrebatado. Este suceso, ocurrido hace once años, trasciende un mero expediente criminal; es una cruda representación de un Estado fracturado.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Los Responsables: Un Crimen de Estado. Gobiernos fallidos y el poder intocable
Los estudiantes, como era su costumbre, tomaron varios autobuses en Iguala con la intención de viajar a la Ciudad de México para la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968. Sin embargo, fueron interceptados en una operación coordinada y violenta. Policías municipales de Iguala, en colusión con los de Cocula y Huitzuco, y el grupo criminal Guerreros Unidos, les cerraron el paso a balazos.
El ataque no fue un único evento, sino una cacería que se extendió por la ciudad. Seis personas fueron asesinadas esa noche, incluyendo a tres estudiantes. A 43 de ellos se los llevaron en patrullas y nunca más se supo de su paradero.
La primera versión oficial, bautizada cínicamente como la "Verdad Histórica" por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sostuvo que los estudiantes fueron entregados a sicarios, quienes los habrían asesinado e incinerado en un basurero en Cocula. Investigaciones posteriores, realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense, demostraron científicamente que un evento de esa magnitud era imposible en ese lugar. La "Verdad Histórica" se derrumbó, revelándose como una fabricación para encubrir a los verdaderos responsables y cerrar el caso.
La investigación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), creada ya en el sexenio siguiente, fue contundente: fue un crimen de Estado. La responsabilidad no recae únicamente en policías corruptos o en un cartel local. Las pesquisas revelaron una red de complicidad que involucra a:
Autoridades municipales, estatales y federales: Quienes participaron activamente, permitieron los ataques o fueron omisos.
El grupo criminal Guerreros Unidos: Los ejecutores materiales de la desaparición.
El Ejército Mexicano: Miembros de los batallones 27 y 41 de infantería, con sede en Iguala, monitorearon a los estudiantes desde antes de su llegada a la ciudad y durante todo el ataque. No intervinieron para protegerlos y, peor aún, existen pruebas de su participación en la manipulación de la escena del crimen y en el ocultamiento de información vital.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder con la promesa de resolver el caso, fracasó en su encomienda. Si bien su administración desechó la "Verdad Histórica" y creó la COVAJ, su sexenio culminó en una profunda contradicción: mientras su discurso exigía justicia, sus acciones protegieron al Ejército. Se negó a entregar documentos militares clave y defendió a la institución castrense, provocando la salida del GIEI del país por la falta de cooperación y el estancamiento de la investigación.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, en su primer año, ha heredado esta deuda y sigue el mismo patrón. Su discurso se centra en solicitar la extradición de Tomás Zerón, uno de los artífices de la "Verdad Histórica", pero elude la confrontación directa con el poder militar. Para los padres de los 43, esto no representa un avance real, sino la continuación de una política que no se atreve a tocar el núcleo de la impunidad.
El caso del General Salvador Cienfuegos es el ejemplo más claro de este poder fáctico. Detenido en Estados Unidos por narcotráfico, fue repatriado a México gracias a la presión diplomática del gobierno de López Obrador, solo para ser exonerado en cuestión de semanas. Este evento envió un mensaje inequívoco: en México, el poder militar está por encima del poder civil y de la justicia. Es el mismo poder que hoy mantiene un pacto de silencio sobre Ayotzinapa.
